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El Ejecutivo regional pedirá a los ayuntamientos de Coslada, Rivas y Madrid que aprueben una moratoria en los derribos de la Cañada Real Galiana. La intención es poder llegar a un acuerdo consensuado entre las distintas administraciones y los vecinos de la zona. Esta moratoria no incluiría los casos que puedan implicar inseguridad ciudadana o infravivienda, como ha trasladado el consejero de Asuntos Sociales, Salvador Victoria, en la reunión con las asociaciones de los vecinos afectados.

El plan de actuación de la Comunidad de Madrid sobre la zona incluye la creación de dos mesas sectoriales: una vecinal, y otra en la que participen las administraciones públicas implicadas. Un tercera mesa daría voz a todos los implicados. Con ello, la Comunidad pretende intermediar entre ayuntamientos y propietarios de viviendas, dejando clara la legítima competencia de los ayuntamientos en el ámbito urbanístico, así como en la posible futura legalización de las construcciones levantadas en la zona.

Tras más de 40 años de conflicto social, la Comunidad pretende aplicar la Ley 2/2011 de la Cañada Real, aprobada por la Administración regional el pasado 15 de marzo, buscando el consenso y la participación de los implicados. Según las estimaciones regionales, en la Cañada viven entre 9.000 y 11.000 personas, lo que supone un 72% menos de habitantes que los primeros datos registrados. Además, existen 2.870 construcciones, de las cuales 2.641 son viviendas y el resto son naves e industrias, algunas de gran actividad económica.